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Todo el peso de la ley tras la osadía de la independencia

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El presidente español, Mariano Rajoy, aprobó hoy la destitución del gobierno catalán, la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre después que ese cuerpo había declarado por la mañana la independencia de Cataluña

La decisión del gobierno central echa por tierra la medida que había votado más temprano el Parlamento catalán para que Cataluña se convirtiera en “un Estado independiente en forma de República” tras haber asumido “el mandato del pueblo expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre”.

La declaración de la independencia fue aprobada con los votos de los 70 diputados independentistas del parlamento catalán, formado por 135 diputados, 10 votos en contra y 2 abstenciones. En el momento de la votación 52 diputados de partidos de la oposición -Ciudadanos, socialistas y Partido Popular- abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Los independentistas emitieron el voto de forma secreta.

Tomaron esta decisión después que la fiscalía española les advirtiera que quienes votaran la declaración de independencia serían acusados de un delito de rebelión. La declaración de independencia afirmaba la “voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condiciones previas, con el objetivo de establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”.

Los firmantes incluso detallaron que ponían “en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español”.

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Puigdemont y el resto de su gobierno fueron aclamados por centenares de alcaldes catalanes al salir del parlamento y miles de personas celebraron en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente a la sede del gobierno catalán, reclamando la retirada de la bandera española.

La victoria resultó efímera. Rajoy se amparó en el artículo 155 de la Constitución para cesar en sus funciones al gobierno catalán. Así lo solicitó al Senado español que votó a favor.

La medida incluye el control de los Mossos d’Esquadra, las fuerzas de seguridad catalanas.

ANSA

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El presidente español, Mariano Rajoy, aprobó hoy la destitución del gobierno catalán, la disolución del Parlament y la convocatoria a elecciones para el 21 de diciembre después que ese cuerpo había declarado por la mañana la independencia de Cataluña

La decisión del gobierno central echa por tierra la medida que había votado más temprano el Parlamento catalán para que Cataluña se convirtiera en “un Estado independiente en forma de República” tras haber asumido “el mandato del pueblo expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre”.

La declaración de la independencia fue aprobada con los votos de los 70 diputados independentistas del parlamento catalán, formado por 135 diputados, 10 votos en contra y 2 abstenciones. En el momento de la votación 52 diputados de partidos de la oposición -Ciudadanos, socialistas y Partido Popular- abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Los independentistas emitieron el voto de forma secreta.

Tomaron esta decisión después que la fiscalía española les advirtiera que quienes votaran la declaración de independencia serían acusados de un delito de rebelión. La declaración de independencia afirmaba la “voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condiciones previas, con el objetivo de establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”.

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Los firmantes incluso detallaron que ponían “en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español”.

Puigdemont y el resto de su gobierno fueron aclamados por centenares de alcaldes catalanes al salir del parlamento y miles de personas celebraron en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente a la sede del gobierno catalán, reclamando la retirada de la bandera española.

La victoria resultó efímera. Rajoy se amparó en el artículo 155 de la Constitución para cesar en sus funciones al gobierno catalán. Así lo solicitó al Senado español que votó a favor.

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La declaración de la independencia fue aprobada con los votos de los 70 diputados independentistas del parlamento catalán, formado por 135 diputados, 10 votos en contra y 2 abstenciones. En el momento de la votación 52 diputados de partidos de la oposición -Ciudadanos, socialistas y Partido Popular- abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Los independentistas emitieron el voto de forma secreta.

Tomaron esta decisión después que la fiscalía española les advirtiera que quienes votaran la declaración de independencia serían acusados de un delito de rebelión. La declaración de independencia afirmaba la “voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condiciones previas, con el objetivo de establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”.

Los firmantes incluso detallaron que ponían “en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español”.

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La victoria resultó efímera. Rajoy se amparó en el artículo 155 de la Constitución para cesar en sus funciones al gobierno catalán. Así lo solicitó al Senado español que votó a favor.

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La declaración de la independencia fue aprobada con los votos de los 70 diputados independentistas del parlamento catalán, formado por 135 diputados, 10 votos en contra y 2 abstenciones. En el momento de la votación 52 diputados de partidos de la oposición -Ciudadanos, socialistas y Partido Popular- abandonaron el hemiciclo en señal de protesta. Los independentistas emitieron el voto de forma secreta.

Tomaron esta decisión después que la fiscalía española les advirtiera que quienes votaran la declaración de independencia serían acusados de un delito de rebelión. La declaración de independencia afirmaba la “voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condiciones previas, con el objetivo de establecer un régimen de colaboración en beneficio de las dos partes”.

Los firmantes incluso detallaron que ponían “en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español”.

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