En el primer semestre del 2017, en la cárcel marcospacense se registraron al menos 40 casos
Según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nacion (PPN), en los primeros seis meses del año se constataron al menos 343 hechos de maltratos y torturas en las prisiones federales de todo el país, además reveló en qué penales se llevaron a cabo la mayor cantidad de hechos. El primer lugar es para el Complejo Federal Penitenciario 1 (Ezeiza), con 92 acontecimientos; lo sigue la Unidad 2 de Marcos Paz, con alrededor de 40.
Además en la lista se encuentran la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa, 35; el complejo de mujeres de Ezeiza, con 32 casos; la cárcel de Villa Devoto, con 28 y el anexo del Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Ezeiza, con 19.
El trabajo también arroja que de todos los sucesos relevados, sólo 120 derivaron en causas penales. Por otra parte, informa que el 60% de los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal se encuentra cumpliendo prisión preventiva y sólo el resto tiene condena firme.
El procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, se presentó la semana pasada en el Senado, donde consideró que “es gravísima” la situación de los penales federales y alertó que el Estado tendrá que “afrontar en poco tiempo un serio problema”.
Presentación en el Senado
Al hablar en el Senado, Mugnolo sostuvo que se han registrado “nueve muertes por ahorcamiento” en prisiones federales en los últimos meses y precisó que hubo casos de reclusas que han fallecido de esa manera, una práctica que hasta ahora -aclaró el procurador penitenciario- no se detectaba en la población carcelaria femenina.
Otros datos del informe ratificaron una tendencia que se mantuvo en los últimos meses: el crecimiento de la población penitenciaria a niveles histórico. En el segundo trimestre del año el número de detenidos en prisiones federales alcanzaba a 11.531 internos, mientras que en 2014, por ejemplo, era de 9800, según publica La Nación.
El informe atribuyó la denominada “inflación penitenciaria” al uso sistemático de la prisión preventiva, la baja utilización de las medidas alternativas a la cárcel, la reducida aplicación de libertades anticipadas y la presión de la opinión pública en los actuales debates acerca del binomio seguridad-inseguridad, entre otros indicadores.
Para la PPN, las proyecciones futuras de este fenómeno “resultan poco auspiciosas” teniendo en cuenta la sanción de la norma que modificó la ley de Ejecución Penal, que impide acceder a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a los condenados por homicidios y robos agravados, secuestro seguido se muerte, delitos sexuales, tortura seguida de muerte y trata de personas.
El informe también recogió datos que se mantuvieron iguales en los últimos años: el 60% de los detenidos se encuentra cumpliendo prisión preventiva y sólo el resto tiene condena firme, lo que significa que sólo 4 de cada 10 presos tiene una sentencia confirmada.
Las autoridades nacionales y provinciales afirman, por su parte, que esa diferencia entre la cantidad de procesados y condenados tiene que ver con el extenso tiempo demandado hasta la resolución firme de un caso en la última instancia de apelación. Por eso consideran que una proporción importante de los presos considerados como procesados en realidad recibieron una sentencia de prisión al menos en un primer tribunal.
Para mejorar las condiciones de habitabilidad de las prisiones, el Gobierno lanzará antes de fin de año un plan de construcción de cárceles, iniciativa que dependerá de un aporte de recursos del sector privado, estimado en mil millones de dólares.